Petro-Perú se encuentra decidida a realizar una serie de inversiones, de las que volvíamos a dar cuenta este lunes en un informe de Día_1, que suponen expandir muy significativamente sus actividades. Esto es congruente con las declaraciones de su presidente, quien ha manifestado consistentemente que quiere que Petro-Perú se ocupe desde la explotación del petróleo hasta su comercialización en grifos. No es congruente, sin embargo, con lo que dice la Constitución ni, en nuestra opinión, con el futuro bienestar de los peruanos.La empresa se encuentra ya embarcada en modernizar la refinería de Talara para lo que tiene que hacer un aporte de US$340 millones y endeudarse por US$1.360 millones más. Pese a solo generar un promedio de utilidades anuales de US$120 millones en los últimos años, adicionalmente quiere ingresar a dos nuevos negocios: la construcción del gasoducto andino, para lo que tendrá que invertir US$160 millones, y un proyecto petroquímico, que le costará otros US$120 millones.Petro-Perú sostiene que no se pone en peligro el dinero de los contribuyentes con estos emprendimientos, porque los negocios son muy buenos, no tienen riesgo, y la empresa podrá financiar su parte de ellos (en varios entrará asociada con privados) sin recurrir al dinero del fisco. Pero todo empresario con algunas horas de esfuerzo en la cancha de la producción y el mercado sabe bien que el "negocio seguro" no existe. Y no solo todo empresario. Si, por ejemplo, para el caso del gasoducto Petro-Perú va a necesitar un crédito puente de Cofide (es decir, del mismo Estado) y si, como declaró un funcionario de la empresa a Día_1, esta se encuentra impulsando que el Congreso ordene al MEF proveerla de (nuestros) recursos para el proyecto, no es precisamente porque el mercado financiero ve clarísimo el negocio y está desesperado por prestarle.A la hora de la verdad, si a Petro-Perú no le va a bien, como sucede a veces a los mejores empresarios (entre los que, por cierto, no suelen contarse los estatales), quienes apoquinaremos el dinero somos todos. ¿Por qué? Porque Petro-Perú, como todas las empresas públicas de la historia, no justifica su existencia por los prosaicos motivos del hombre de negocios, sino para cubrir elevados y "estratégicos" intereses nacionales a los que no se les puede poner un precio. Si se trata, por ejemplo, de la "seguridad energética nacional", ¿cómo podría un gobernante responsable dejar que Petro-Perú quiebre porque le fue mal? Lo que pasará con Petro-Perú si le va mal es lo que pasó con la también "estratégica" Sedapal en el 2006, cuando todos pagamos una deuda de S/.3.000 millones que, casi meritoriamente, los administradores de la empresa habían logrado acumular (sabiendo, como saben todas las cabezas de negocios estatales, que el capital en juego no era el suyo). Que nadie, pues, se engañe: aunque no figuren nuestros nombres en los contratos de financiamiento en los que incurra Petro-Perú para sus negocios, sus avalistas somos todos y cada uno de los contribuyentes peruanos. Por otro lado, si los proyectos que quiere hacer Petro-Perú son tan buen negocio como se dice, ¿por qué no pueden hacerlo entonces los privados? A los privados, de eso podemos estar seguros, les interesan los buenos negocios. En otras palabras, si el gasoducto es una idea rentable, habrá más de una empresa privada compitiendo por él y la estratégica infraestructura existirá sin que el Estado haya tenido que arriesgar recursos de todos y desviar esfuerzos de funciones que sí le son esenciales y con las que hoy en día cumple tan mal. Y es que no deja de ser una negra ironía que un Estado que da tan malos servicios de educación y salud, justicia o seguridad como el nuestro, anuncie de pronto que ahora también quiere entrarle al negocio de los grifos. Por si todo lo anterior fuese poco, está también el mencionado detalle de nuestra Constitución. Una ley suprema que, escarmentada por la truculenta experiencia que nos dejaron las empresas públicas de los 70 y 80, en los que hicieron un hoyo igual de grande que nuestra entonces descomunal deuda externa, prohibió al Estado realizar cualquier actividad empresarial, salvo la “subsidiaria” (es decir, la hecha ahí donde los privados no tienen interés en participar). Pero, claro, no sería esta la primera vez que los peruanos tratamos nuestra norma fundamental como a nuestras luces rojas: como a amables sugerencias que uno puede ignorar al gusto, según qué tan apurado esté. Tampoco será la primera vez, si el experimento sale mal, en que solo luego del choque recordemos por qué estaba la luz ahí en primer lugar.