La jueza anticorrupción Carolina Lizárraga ordenó ayer la captura de cuatro personas y el arresto domiciliario de otras tres por su presunta responsabilidad en la organización y en el encubrimiento de la fuga de Carmen Burga, testigo clave en el caso de las firmas falsas de Perú Posible (PP), en el 2004.La Policía Judicial, sin embargo, no logró hallar a los cuatro procesados con orden de detención: Freddy Otárola, ex presidente de Córpac; Dante Matos, empresario vinculado a PP; Julio Palomino, abogado del presidente Toledo, y Marco Sánchez.La jueza Lizárraga, hay que indicar, dispuso el arresto domiciliario para Guillermo Suárez Flórez, también procesado por la firmas falsas de PP, así como para el empresario Roly Dávila y Pedro Pablo Torres Vásquez, ex funcionario de Migraciones.El resto de los procesados, entre ellos Margarita Toledo y Fernando Manrique, hermana y sobrino del jefe del Estado, solo se encuentra con orden de impedimento de salida del país. La jueza, además, pidió el levantamiento del fuero parlamentario del congresista Jesús Alvarado.