El Congreso actúa muchas veces como si estuviese convencido de que la ciudadanía no puede verlo. Este poder del Estado tiene una idea tan pobre de la ciudadanía que no le importa cometer en su nombre -y a su costa- los mayores atropellos.No hay otra manera de explicar los escandalosos S/. 858 millones en gastos que el Congreso ha ido aprobando, a iniciativa propia a pesar de estar constitucionalmente prohibido de hacerlo. Gasto corriente que, por si fuera poco, carece de sustento técnico y no encuentran más justificación que el interés de nuestros representantes en cultivar clientelas que aseguren su reelección o, más crudamente aún, de engordar sus propios bolsillos. ¿Es que hay otra forma de explicar la inclusión en las planillas estatales de 18.400 maestros que han perdido el concurso requerido para puestos que ya están ocupados por quienes si los ameritaron? ¿Cómo, sino, justificar la resurrección de la Ley 20530, de cuyas disparatadas pensiones tantos congresistas se benefician?El MEF ha observado estos proyectos, haciendo notar su arbitrariedad y que, además, la Constitución (en su artículo 79) niega al Congreso iniciativa para el gasto. El Legislativo ha hecho caso omiso. Corresponde, pues, ahora al Ejecutivo ser coherente y pedir al Tribunal Constitucional que haga valer la Carta Magna frente a un poder público que la está atropellando para dilapidar, en beneficio de sus miembros, el dinero de todos.