En abril vence el plazo de 90 días, decretado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para reorganizar la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Es predecible que la fecha hará que se vuelvan a escuchar las voces de quienes proponen más controles ad hoc y adelantados para las ONG.Las personas jurídicas sin fines de lucro son instituciones fundadas en la libertad, esa que nos permite asociarnos y contratar para los fines que mejor nos parecen, sin que el hecho de que esos fines sean altruistas cambie en nada esta naturaleza. ¿Si se asume que el control a priori es válido para todo aquel que asociadamente tiene fines filantrópicos, por qué no habría también de crearse un registro para controlar a todas las personas naturales altruistas? Hay quienes consideran que la reorganización decretada para APCI debería conducir a un mayor rigor en la supervisión del uso que dan las entidades receptoras de la cooperación internacional a los fondos que reciben del exterior. Pero si de lo que se trata es de proteger el orden público, bastaría con hacer cumplir el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico.El gran mito es pretender que todas las ONG son pasibles de un control previo administrativo, con lo que justos pagan por pecadores. A decir verdad, del total de las que existen, son unas pocas las tramposas, las que, por ejemplo, bajo el marco falso del activismo ambiental, sabotean inversiones, azuzan conflictos, incitan a la violencia, generan daños y se ofrecen como sembradores de ideologías destructivas (muchas veces, además, al servicio de intereses geopolíticos de gobiernos extranjeros). Muchas de las “protestas sociales” violentistas, en efecto, tienen como sujetos activos a algunas ONG identificables o que se podrían identificar en casos particulares. Por nombrar un caso emblemático, Aidesep tuvo un papel importante en la violencia de Bagua, que acabó con la vida de 10 civiles y 24 policías. Frente a esos grupos concretos debe operar la justicia, con las mismas normas que se aplican a todos los ciudadanos para resguardar el orden interno, incluyendo las que permiten las investigaciones de inteligencia de los grupos sospechosos. En paralelo, para estos casos, la cancillería debería tomar cartas en el asunto y llevar la queja correspondiente ante los gobiernos europeos que cobijan a las agencias que proveen de fondos a estas organizaciones. Pero lo que no debemos tener es un sistema especial y discriminatorio para las ONG, que las trate como sospechosas per se y que afecte a las que realizan labores loables como capacitar funcionarios, contribuir al fortalecimiento institucional, promover derechos o ayudar al desarrollo de la infraestructura en el país. No apelemos al absurdo de prejuzgar las conductas de todas las ONG, como si hubiera entre ellas homogeneidad. Harían mal quienes pretendan hacer de la APCI un arma arrojadiza para cazar ONG y querer basar su reorganización en principios que escondan una injerencia arbitraria, afectando, de paso, los fondos y acuerdos de muchas organizaciones que sí aportan constructivamente al país.