"Es falso que Doe Run Perú haya efectuado una segunda demanda contra el Estado peruano", precisó a través de un comunicado la empresa que busca reiniciar las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO)."Lo que es cierto es que el 18 de enero de 2012, hace más de un mes, se presentó un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, buscando preservar los derechos de la empresa, ya que en ese momento Indecopi había aprobado la acreencia a favor del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por US$ 163 millones, la misma que en opinión de los expertos está fuera de los considerandos normales de los procesos concursales", recordó.Sostuvo que la principal preocupación de la empresa ha sido que se aclare la forma en que se pagaría esta acreencia, ya que por lo elevado del monto, podía poner en riesgo su viabilidad económica, si es que después de concluido el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) el ministerio decidía cobrar adicionalmente, los US$ 163 millones mencionados.