La implementación de la Ley de Consulta Previa es la gran "oportunidad histórica" del país para atender necesidades como la agenda de desarrollo y de titulación de la propiedad de los territorios de los pueblos nativos, dijo la Defensoría del Pueblo. El titular de esta institución, Eduardo Vega Luna, refirió que la propiedad es un asunto central para las comunidades indígenas, porque ahora se les obliga a demostrar por medios legales, como la partida registral, la titularidad de sus terrenos. Añadió que si bien los gobiernos regionales tienen que hacer la tarea de la titulación de la propiedad de las comunidades indígenas, se necesita de "una rectoría" de un sector del Ejecutivo. Añadió que a todo ello puede contribuir una buena implementación de la Ley de Consulta Previa y dijo que “este año es tiempo suficiente” para concretarla.