ENTRE REJAS
22 de febrero de 2012

La fuga de presos del penal de Challapalca (una cárcel situada a 4.800 metros de altura sin calefacción y donde el agua se congela en las cañerías) ha servido para devolver la mirada pública al triste tema de nuestros centros penitenciarios. Nos ha recordado, por un lado, las patéticas condiciones de seguridad que existen en la mayoría de nuestros penales, desde donde se sigue planificando y dirigiendo gran número de los crímenes que ocurren entre nosotros; y, por el otro, las inhumanas condiciones en las que viven los presos peruanos. Son muchas las razones por las que es injustificable que aún no se decida concesionar la administración penitenciaria en el país. La primera es tan cruda como clara: cualquiera que le tome la posta al Estado en este tema la tendría muy difícil para hacer las cosas peor de lo que las ha hecho este. Con más del 40% de los presos sin celdas; con solo dos psiquiatras y 63 médicos para casi 49.000 presos; con muchas de las principales mafias de secuestradores, ladrones, sicarios y narcotraficantes operando desde prisión; con las escenas dantescas de la vida hacinada, insalubre y violenta en penales como Lurigancho;con la proliferación de violaciones, golpizas y maltratos que hacen que en la práctica aún se sentencie a tortura en el Perú;habría que actuar a propósito para poder superar al Estado en su desastre carcelario. Las empresas penitenciarias, en cambio, tienen un incentivo específico para hacer bien su trabajo: el negocio. El saber, en otras palabras, que si no ofrecen el mejor servicio a los menores costos, no ganarán el contrato y que luego, si no cumplen con aquello a lo que se comprometieron en él, lo perderán. A diferencia de ahora, en donde el Estado se fiscaliza a sí mismo en su labor penitenciaria y en la que, consiguientemente, rara vez se individualizan las responsabilidades. "El negocio" no es un motivo altruista, pero habría que ser bastante hipócrita para poder argumentar que es por el carácter altruista del Estado que los penales deben permanecer en sus manos, cuando este ha tenido durante décadas viviendo como perros, y aun de peor manera, a sus presos. Por otro lado, decir que no se pueden poner los penales "en manos de terceros" es de una ingenuidad - o poder de manipulación- remarcable. Las cárceles ya las administran unos terceros contratados por el Estado para ese fin. Se llaman "empleados públicos". Salvo para quienes creen que una contratación estatal purifica el alma, la única diferencia de estos terceros administradores de penales con los privados es que aquellos no tienen mayores incentivos (ni premios ni sanciones) para esforzarse en su trabajo. Son más que teóricas las razones para sostener que bajo administración privada mejoran en las cárceles la salud, las condiciones de vida y la seguridad externa y de los propios presos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el país que más años tiene con penales administrados por privados,un porcentaje cuatro veces mayor de prisiones privadas que públicas ha recibido una certificación de calidad de la American Correctional Association (una certificadora independiente muy prestigiada). La experiencia estadounidense demuestra, además, que no es cierto que la privatización implique subir los costos de mantenimiento de los presos. Las cárceles norteamericanas que mantienen a los presos en las mismas condiciones que las estatales, según fiscalizaciones del propio gobierno, lo hacen por un costo hasta 28% menor. Requieren menos personal (el que tienen es más productivo y su burocracia administrativa es mucho menor), construyen mejor sus espacios y emplean mejor tecnología. Sin embargo, aun cuando costase más mantener en condiciones humanas y seguras a los presos que lo gastado en ellos hoy, este es uno de esos gastos en los que la mezquindad sale cara. Primero, porque en la seguridad de los penales se juega la de todos los que estamos afuera de ellos. Y segundo, porque nada pinta mejor a una sociedad que la forma como trata a sus más débiles, entre los que se cuentan, más allá de las culpas por las que han sido sentenciados, sus presos. Los presos son seres humanos que están bajo nuestro poder. No podemos olvidar, pues, pese a lo que piensan quienes creen en la venganza, que la forma en que los tratamos dice mucho más de nosotros que de ellos.