Los presidentes de cuatro de las seis organizaciones indígenas que elaboran junto al gobierno la Ley de Consulta Previa emplazaron al Estado a que en un plazo de 30 días modifiquen el borrador de la norma o solicitarán la intervención judicial del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Esta decisión fue tomada luego de sostener que, de aprobarse la Ley de Consulta Previa de acuerdo al borrador actual, sería el Estado peruano quien tendría la última palabra sobre la territorialidad además de otros derechos de las comunidades, lo que significa que los pueblos no tendrían injerencia.