Con las horas contadas. Ocho años de prisión le esperarían al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, por haber utilizado dinero destinado al sector educativo para financiar el paro llevado a cabo el pasado 9 de noviembre contra la minera Yanacocha.Así lo indicaron los expertos en derecho penal Mario Amoretti y Luis Lamas Puccio, quienes no dudaron en cuestionar que los afanes proselitistas y políticos de Santos lo hayan llevado a cometer el delito de peculado. Para Amoretti, todo indica que el dinero del presupuesto destinado a Cajamarca se tomó para los efectos del pago de propagandas con el fin de llevar adelante la protesta contra el Estado, por lo que no se puede hablar de malversación de fondos. "Si se hace uso de bienes que corresponden al Estado, y no están dentro de sus funciones públicas, estamos cayendo en un delito más grave, esto es peculado", enfatizó.
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