Desde el 2004, y de manera acumulativa, una treintena de universidades públicas, ubicadas en los departamentos que generan canon, reciben el 5% de ese beneficio. Dinero que según ley deben destinar "exclusivamente a la investigación científica y tecnológica que potencie el desarrollo de sus respectivas regiones".La idea es que las regiones que hoy sostienen su economía en las rentas por la explotación minera, vayan creando alternativas económicas que en un plazo no lejano puedan compensar el cierre de dichas operaciones o, acaso, la extinción de esos preciados recursos. La ejecución del canon asignado a las universidades desde el 2004 alcanza en promedio un 20%. No son pocos los casos de ejecuciones al 0%. En vista de esta ineficiencia de gasto, otra (resignada) regulación legal dispuso en 2011 que a partir de este año las universidades puedan usar el 20% de la plata del canon en evaluación y acreditación de la calidad académica. Se trata de un alivio para los funcionarios universitarios, acusados de gastadores ineficientes. Pero una pésima decisión en opinión de Jorge Mori, presidente del grupo civil Universidad Coherente. "Ese 20% corre el riesgo de malgastarse en largas consultorías externas para que las facultades traten de acreditar su calidad. ¿Pero qué calidad si ni siquiera pueden presentar proyectos de investigación?", protesta.