El secuestro de tres trabajadores y la quema del local de una minera en Cusco desembocó en la llegada de una "comisión de alto nivel" formada por dos viceministros. Luego sucedió lo que dicta una práctica nacional con ya 10 años de arraigo. Se instaló una ‘mesa de diálogo’ para conversar con los autores de los delitos donde, en buena cuenta, se concluyó que la razón que los llevó a secuestrar y vandalizar es legítima, por lo que el Estado atenderá sus pedidos: los viceministros se han comprometido a "pedir" a la empresa que suspenda sus operaciones y se formará una "comisión social" que estudiará la indemnización que la minera quemada deberá pagar a la población. Todo, por supuesto, sin que se haya probado daño alguno.El mensaje, desde luego, es clarísimo: el fin justifica los medios y la violencia es un camino que puede servir para conseguir lo que se quiere de los poderes públicos. Así lo han entendido, sin equivocarse, extensos sectores de la población a lo largo y ancho del país. No hay más que ver lo sucedido en Madre Dios, Cañete, Arequipa, Huancavelica y Juliaca, para solo mencionar ejemplos del último año. En todos estos casos el Estado cedió a lo que se pedía (aunque fuesen cosas como dejar de combatir la minería ilegal) luego de la violencia.Es también indignante cómo los perpetradores de los delitos de Chumbivilcas buscan, típicamente, disfrazar sus actos como si se tratase de una lucha entre campesinos andinos y empresarios mineros. La verdad es que los trabajadores que fueron atacados en el local quemado provienen también de un pueblo andino (Quinota) y uno que, a diferencia del distrito del que provenían los atacantes (Llucso), sí está situado en la quebrada donde trabaja la minera y sí la apoya. Y ahí no acaban las manipulaciones: lo que alega Llucso es que la minera, que acababa de pasar satisfactoriamente una inspección del Ministerio del Ambiente, contamina su río. ¿Cómo podía hacerlo si el río con el que trabaja la minera no es el de Llucso? Más reveladoramente aun, aunque es supuestamente ambiental, el conflicto estalló solo cuando la minera se negó a pagar dos puentes que la comunidad le exigía.Se suele decir que al llamar a la imposición del Estado de derecho en estos casos se busca "criminalizar la protesta social". Se manipula. Nadie propone castigar protestas pacíficas como, por ejemplo, la llamada marcha por el agua (por muy infundados que sean sus reclamos). La protesta social se criminaliza sola, cuando se vuelve vándala, pirómana, secuestradora o asesina.Quienes promueven estas mesas se sienten muy democráticos porque se trata de conversar. En realidad lo que hacen es petardear la democracia y pasar por encima de sus canales que, si bien en nuestro país no funcionan como deberían, se ven así todavía más debilitados. ¿Por qué alguien tendría que informarse para votar o exigir rendiciones de cuentas a sus representantes, o recurrir al Poder Judicial, por solo citar algunos ejemplos, si se puede lograr lo que se busca con mucho menos trámite en una mesa de diálogo luego de secuestrar a alguien? Por otro lado, si "hacerse escuchar" puede justificar incendiar algo, ¿por qué no haría aceptable también secuestrar al presidente de la República?Aceptar desde un Gobierno que las normas se deroguen, se inapliquen o hasta se dicten "en negociaciones" realizadas al margen de los canales democráticos (y, por lo tanto, de la opinión del resto del país) es equivalente a atender desde una ventanilla a quien se salta la cola porque ya está al frente tuyo y pateándote.Desde el punto de vista de nuestra aspiración a vivir en una democracia estas no son mesas de negociación. Son mesas de claudicación.