La Comisión Permanente del Congreso aprobó una iniciativa que prohíbe a las instituciones educativas de todos los niveles obligar la compra de textos escolares nuevos o que estén diseñados para un solo uso, con el objetivo de acabar con las prácticas abusivas en esa materia. El proyecto de ley busca proteger a los consumidores de esas prácticas en la selección o adquisición de textos escolares, y garantiza a padres y alumnos su derecho a comprar y utilizar textos de segundo uso como fuente de consulta o material de estudio y de trabajo.La aprobación de la norma se produce luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispusiera inmovilizar los fondos de cuatro editoriales que habrían pagado altas "comisiones" a colegios a cambio de que elijan sus textos escolares como material educativo.