Escribe Beatriz Boza. ¿Qué significa estar a favor de la inversión privada en el Perú? ¿Pensar solo en los empresarios? ¿Olvidarse de los consumidores? ¿Fomentar el lucro a costa de nuestros recursos, creencias y costumbres? Así como la caserita busca que le paguen el precio acordado, el ahorrista ganarse unos intereses y el trabajador convertir su esfuerzo en dinero, quien invierte, naturalmente, busca un retorno. La pregunta es cómo logra ese retorno. ¿Dando servicios, mejorando su producción, siendo más eficiente, cumpliendo las leyes laborales y ambientales, innovando, arriesgando, jugándosela y sudándola como cualquiera? ¿O a través de prebendas, favores gubernamentales, concertación de precios, sacadas de vuelta al cliente, no pago a sus trabajadores y evasión fiscal? Esa es la diferencia entre el ‘empresaurio’ y el empresario que el Estado debe cultivar. Les toca a nuestras autoridades promover capacidad de emprendimiento, la leal y honesta competencia en el mercado y fomentar que más empresarios inviertan en el país pues ellos generan empleo, contribuyen a las arcas fiscales con impuestos y, sobre todo, nos ofrecen bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Promover la inversión es velar por todo esto, pero no de cualquier manera. Tratándose de servicios públicos que solo prestan empresas con monopolios naturales, como agua, desagüe, luz, gas, puertos, aeropuertos y telefonía fija, el rol del Estado es aun más indispensable. En estos casos, las empresas no compiten por servirnos mejor, siendo entonces tarea del Estado fijar los precios y condiciones en que nos brinden estos servicios. A ello se denomina el poder regulador del Estado, tan necesario para que más peruanos tengan acceso a una conexión domiciliaria de agua y energía, a la vez de contar con mejores puertos y aeropuertos en el territorio nacional. La tentación de usar este poder regulador para hacer politiquería y asistencialismo es muy grande. ¡Quién no quisiera recibir todos estos servicios gratis!, olvidando que sin más inversión no es posible lograr más cobertura que permita a más peruanos acceder a estos servicios esenciales y sobre todo el adecuado mantenimiento de las redes subterráneas. Por eso, el poder regulador debe ejercerse de manera técnica y autónoma y debe estar a cargo de profesionales con comprobada experiencia de gestión. En estos días se inicia el proceso para seleccionar a los presidentes de las reguladoras. Para lograr más inversión que permita la inclusión, esperamos que los nombrados sepan promover empresarios y combatir a los ‘empresaurios’.