En las últimas semanas se ha venido discutiendo un proyecto de reforma legislativa laboral que propone aumentar el máximo de las indemnizaciones por despido, reducir las posibilidades para contratar a plazo fijo y utilizar ‘services’ y otras reformas que encarecen la contratación de trabajo. Como saben todos (pero parecen olvidar algunos), estas medidas desalientan la contratación de personal por el tan sencillo como ineludible principio económico que enseña que cuando algo se encarece pierde demanda.Algunos defensores del proyecto responden a esta objeción señalando que ese cuestionamiento es solo económico y que, más bien, hay que evaluar si se está haciendo lo "justo", lo "razonable", lo "digno" y lo "humano". Estamos de acuerdo. Analicemos, pues, la propuesta bajo esta perspectiva.Lo primero es lo dicho: esta reforma desalienta la contratación formal de nuevos trabajadores y, por lo tanto, hará que más personas permanezcan desempleadas o empleadas informalmente, sin ningún derecho laboral. Sobre todo, teniendo en cuenta que, como lo decíamos en el editorial del último domingo, las barreras laborales a la contratación ya son lo suficientemente altas en el país como para que el 80% de nuestros trabajadores haya sido contratado informalmente. Lo que no parece justo.El proyecto también agrava la desigualdad entre grandes y pequeños. Gracias a sus mayores recursos, las grandes empresas tienen más facilidad para asumir el costo de un despido. A las pequeñas, sin embargo, esta carga les será mucho más difícil de sortear, por lo que se reducirán sus posibilidades de seguir contratando empleados y progresando. El proyecto, pues, consolida la posición de los grupos empresariales tradicionales en perjuicio de los sectores emergentes. Lo que no parece muy razonable.El proyecto también genera desigualdad porque afecta a los trabajadores más pobres. Cuando se encarece la contratación, las primeras personas de las que prescinden las empresas son las menos preparadas, que en nuestro país, debido a la paupérrima educación pública, son los más necesitados. En consecuencia, los más pobres acaban perdiendo también la oportunidad de capacitarse dentro de las empresas. Lo que no parece muy digno.El proyecto también eleva el costo de vida de los peruanos, volviendo más difícil el acceso a alimentos, servicios básicos, salud y demás bienes. Cuando se encarece el costo de la contratación, lo que hacen las empresas que se pueden dar el lujo de cumplir con la ley es subir los precios de sus productos para mantener su rentabilidad. Eso hace que el costo lo asuman no solo esas empresas sino los consumidores, que tienen así que pagar precios más altos. Dentro de ellos, son los pobres, como siempre, los que tienen que sufrir más con encarecimientos que, para quienes tienen recursos, no pasan de ser pequeñas molestias. Lo que no parece muy humano.La única forma de ver esta norma como justa, razonable, digna y humana, sería considerándola desde el punto de vista del 20% de trabajadores peruanos que tienen empleo formal, con exclusión del de todos los demás. Pero no es lo excluyente lo que más se relaciona con lo justo, lo razonable, lo digno y lo humano.
- [El Comercio,Pág. A 4] /