Detrás de la mayor parte de los conflictos sociales que año a año sacuden el país y que, crecientemente, jaquean su desarrollo, hay una ley injusta. La ley que separa la propiedad del suelo de los bienes del subsuelo, haciendo que las mineras paguen al Estado y no a las comunidades dueñas de la tierra por el mineral y convirtiendo a estas últimas en las más grandes expropiadas de nuestra historia.El principio lógico es el que recogió el gran jurista Blackstone: "El propietario del suelo lo es de todo lo que está encima hasta el cielo y de todo lo que está abajo hasta el infierno". La fórmula opuesta, aunque no solo es usada en el Perú, es contranatural y afecta el sentido que intuitivamente tenemos de nuestra propiedad: algo así como ser dueño del lago pero no de sus peces.Esto hace que se entienda muy bien que el reclamo de fondo que siempre acaba por salir de boca de las comunidades se resuma en un "se llevan nuestras riquezas". Sin que les sirva de consuelo a los comuneros, desde luego, que quien se las lleve sea el Estado en la forma de un canon que luego los gobiernos regionales y locales no saben traducir en mejor calidad de vida para ellos.Lo que sostiene a esta norma no es la voluntad de que todos los peruanos (y no solo las comunidades con minerales) puedan aprovechar las riquezas subterráneas del Perú. Eso sucedería de cualquier forma por vía de los impuestos. Lo que está detrás es un paternalismo farsante.Quienes alientan esta situación tienen dos argumentos centrales. El primero,"proteger a los comuneros". Lo que no se atreven a decir, sin embargo, es que de quien pretenden protegerlos es de ellos mismos. Que no quieren que los comuneros tengan el dinero en sus manos y que les parece mejor que el Estado se los administre. Un paternalismo que se muestra en toda su profunda hipocresía cuando quienes lo exhiben no tienen problemas con haber sido elegidos por el voto de estos mismos comuneros o en atribuirles, por ejemplo, la capacidad de reconocer qué tan bien ha sido hecho un estudio de impacto ambiental (un documento que es extremadamente técnico).El segundo argumento dice que si se deja a los comuneros vender sus tierras, estos perderán sus modos de vida ancestrales. No se les ocurre a los autodeclarados "protectores" dejarles la decisión a los propios comuneros; condenándolos así a vivir en condiciones durísimas en alturas donde las más de las veces solo se puede garantizar una agricultura y una ganadería misérrimas. No les vale nada saber que los comuneros pudieran ser texanos ricos (vendiendo o asociándose con las mineras), mientras puedan ser un museo viviente para el deleite antropológico de algunos.Los comuneros, mientras tanto, tienen su propia opinión, desde luego, y quieren lo mismo que todos queremos: mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Por eso, de hecho privatizan y venden informalmente pedazos de sus tierras (aunque no puedan incluir el mineral en la venta) a lo largo y ancho del Perú. Por eso también, pese a lo que dicen de su relación con la naturaleza quienes quieren fosilizarlos, los comuneros están entre los mayores mineros informales del país. ¿Y quién puede culparlos? Viven en condiciones paupérrimas encima de tesoros de mineral.Naturalmente, no proponemos una reforma retroactiva. Una injusticia no se soluciona con otra. Con las comunidades en cuyas tierras ya hay explotaciones por las que se paga al Estado, este tiene una deuda grande por medio del buen uso del canon.Puede que sea verdad que, como dice el refrán, "hecha la ley, hecha la trampa". Pero ocurre otras muchas veces, como en esta, que la ley es la trampa.