Como si no existiesen problemas por resolver en el agro, el Gobierno ha traído nuevamente al debate político la propiedad de la tierra. Bajo el argumento de que la propuesta que se trabaja en el Ministerio de Agricultura (Minag) busca conseguir el "equilibrio entre la eficiencia y la equidad (…) en defensa de la producción pequeña y mediana", el titular de ese portafolio, Luis Ginocchio, aseguró que no se pretende desincentivar la inversión privada en el agro.El anuncio fue hecho en el Congreso, donde ya existe un proyecto que plantea un máximo de 25 mil hectáreas como límite de tierras agrícolas para cualquier empresa. Cabría preguntarse si esta iniciativa y la que se trabaja en el Minag han tomado en consideración que debido a las características geográficas del país la extensión eficiente de los campos de cultivo no es la misma en la costa que en la sierra o en la selva. Además, ¿los posibles límites se aplicarían sobre personas naturales, empresas, grupos económicos, comunidades campesinas, cooperativas?Lo único cierto en el tema agrario es que existen prioridades que continúan siendo desatendidas por el Estado y que, en consecuencia, afectan la eficiencia que el Minag está buscando impulsar. Entre las más urgentes, figura la inadecuada conectividad para que la producción llegue al mercado en condiciones óptimas, sobre todo la de la mediana y pequeña agricultura. ¿Todos los centros de producción cuentan con carreteras que los enlazan con los puntos de venta?, ¿hay adecuados canales de distribución para los productores?La información que los agricultores obtienen también es deficiente, lo cual afecta la planificación de su producción. Igualmente, al no existir centros de acopio promovidos por el Estado, el riesgo de pérdidas es muy alto pues se trata de bienes perecibles. La prevención de desastres es otra debilidad que ha ingresado en una especie de limbo pues el Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación (Perpec), creado en 1999, fue desactivado el año pasado –el Minag transfirió a los gobiernos regionales la maquinaria, pero no los recursos ni el know how. Todos estos obstáculos atentan contra la equidad y la eficiencia. Por tanto, deben ser atendidos ya, en vez de plantear límites a la propiedad de las tierras.
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