El salvavidas lanzado por 13 congresistas a Omar Chehade para impedir que se le investigue por el delito de patrocinio ilegal y que se le inhabilite por 5 años para el ejercicio de todo cargo público empieza a pasar factura. Lo paradójico es que el costo político de este caso no solo afecta al Gobierno, que ha puesto en tela de juicio -una vez más- su manoseado discurso de lucha contra la corrupción, sino también a otras tiendas, como la variopinta Alianza Por el Gran Cambio (APGC), donde el voto de Yehude Simon en favor del oficialista ha generado incomodidad y roces verbales. A través del Twitter, la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, acusó que "el Gobierno tuvo que agachar la cabeza ante Omar Chehade", y se preguntó "qué tanta información" es la que tiene el exabogado defensor del presidente Ollanta Humala para ser blindado políticamente por Gana Perú y Perú Posible. "La frase ‘La honestidad hace la diferencia’ fue sepultada ayer", añadió en alusión al archivamiento de la denuncia constitucional.