El Tribunal Constitucional está por decidir si admite a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Ministerio Público contra la ‘ordenanza’ del Gobierno Regional de Cajamarca que declara inviable la ejecución del proyecto minero Conga.Decimos ‘ordenanza’ con comillas, porque es claro que de norma legal la decisión del gobierno regional solo tiene el nombre. Al menos en democracia, para que un mandato se vuelva jurídico, no basta con que provenga de la voluntad de una autoridad estatal sino que es también indispensable que esté dentro del campo de decisión que la Constitución otorga a dicha autoridad. De ahí, por ejemplo, que nuestros presidentes no puedan ordenar encarcelar a personas; o uno de nuestros municipios, declarar la guerra a un país vecino enviando a su serenazgo a la frontera. El señor Santos no es Luis XIV: el Estado no es él. Es una autoridad elegida dentro de un marco constitucional y solo tiene poder en tanto actúe conforme a él. Lo que ha hecho Gregorio Santos es atentar contra el carácter unitario de nuestro Estado. Después de todo, si es que cada gobierno regional decide sobre los bienes estatales (como los minerales) que se encuentran en su región prescindiendo de la opinión de los representantes del resto del país, expropia con su acción a los demás peruanos la parte de propiedad que les toca de dichos recursos. No se entendería, entonces, por qué estos otros peruanos tendrían que contribuir a financiar con sus impuestos a los policías, jueces o maestros de la región en cuestión.Por lo demás, no es solo que el señor Santos haya dado una orden sin tener competencia para ello. Sucede también que el contenido de su orden es arbitrario. Si lo que le importa es el medio ambiente, ¿no tendría que haber esperado a ver lo resuelto por un peritaje internacional, en cuya constitución él hubiese podido participar, para determinar de una forma técnica e imparcial si es que el proyecto es ambientalmente viable o no, al margen de todos los rumores que hasta ahora han circulado en uno u otro sentido y de los comprensibles temores de parte de las comunidades involucradas?Si el problema es el agua, ¿por qué declara el señor Santos que el tema de Conga "va más allá" del asunto de las lagunas y significa en realidad una oportunidad para poner "un punto de quiebre" para que el presidente Humala opte por el programa de "La gran transformación" y abandone "el continuismo neoliberal"? Si el punto es detener el "neoliberalismo", ¿qué son las lagunas? ¿Una excusa? ¿Una máscara? La forma como el presidente regional cajamarquino está usando el tema ambiental tendría que constituir una ofensa para quienes verdaderamente se preocupan por la viabilidad ecológica en nuestro país. La ordenanza sobre la que el TC decidirá, en fin, no solo es un atentado contra el Estado de derecho, sino que parece también, a juzgar por las propias y explícitas declaraciones de su autor, una maniobra para meter prepotentemente por la ventana de la fuerza una ideología que no cupo por la puerta de las elecciones. Por lo primero debiera rechazarla el Tribunal Constitucional; por lo segundo, todos los peruanos que creemos en la democracia.