El Ejecutivo planteó cuatro observaciones a la norma que penaliza la difusión de comunicaciones interceptadas ilegalmente. De este modo plantea un cambio en la autógrafa aprobada en el Congreso, conocida como la "ley mordaza".Según estas modificaciones, el artículo 162 del Código Penal castigaría a quien ilícitamente intercepta, interfiere, escucha, graba o difunde una comunicación privada. Aunque, añade, que quien difunde audios ‘chuponeados’ que sean de interés público o den cuenta de delitos perseguibles de oficio está exento de responsabilidad penal. La inclusión del término "interés público" suscitó el rechazo de más de un legislador.El autor de esta iniciativa legal, Javier Bedoya, consideró que se trata de un concepto demasiado subjetivo y que se presta a manipulación. Para él, los periodistas fabrican muy fácilmente interés público. "Tienen hartas mañas para hacer que una noticia chata y de carente interés sea primera plana", dijo a El Comercio. (Edición sábado).