El Ejecutivo detuvo, con una serie de observaciones, la llamada ‘Ley Mordaza’, norma aprobada por el Congreso que penaliza con cárcel a los periodistas que difundan audios o videos obtenidos de interceptaciones ilegales. Dichas modificaciones consideradas por los congresistas como "de forma y no de fondo" han abierto un debate sobre el "interés público".La firma del presidente Ollanta Humala decidió a última hora del jueves cinco puntos de cambio a la autógrafa aprobada en el Parlamento por unanimidad. El mandatario cumplió así con el plazo dado por el Legislativo para encontrar una solución a la polémica desatada por la difusión de comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente, práctica mejor conocida como chuponeo.La observación más importante sustituye la frase "o que contravengan al ordenamiento legal" por "o que sean de interés público". Es decir, exenta de responsabilidad penal a los periodistas para difundir comunicaciones que tuvieran un contenido delictivo.(Edición sábado).