Ha hecho bien el Congreso en rechazar frontalmente la írrita resolución de una jueza que, por mayúscula ignorancia o sospechosa parcialidad, pretendía prohibir a este poder del Estado continuar con su proceso de reforma del régimen pensionario de la Ley 20530. Y, respetuoso de la separación de poderes y los procedimientos, es también correcto que se haya apelado de inmediato la decisión de la jueza en las instancias correspondientes.Ahora bien, para ser coherentes con la afirmación de sus fueros y prerrogativas de reforma constitucional y con su compromiso con el país, el Legislativo debe aprovechar la oportunidad para imprimir celeridad al trámite y evitar que nuevas argucias legales impidan cerrar definitivamente este injusto régimen de cédula viva. Son pocos los privilegiados beneficiarios de este oneroso sistema pensionario pero, como puede verse, siguen apelando a uno y mil recursos -por más absurdos o inconstitucionales que estos sean- para mantener sus gollerías. Ello con el riesgo de que pueda desviarse el sentido del debate promoviendo infundados temores entre los pensionistas, por parte de los mismos demagogos de siempre.Entre estos, como ya se ha dicho, figuran algunos parlamentarios que pretenden ser juez y parte en el tema y que, por ética, debieran abstenerse de votar, pues ellos mismos son beneficiarios del cuestionado régimen. La ciudadanía permanece especialmente atenta al comportamiento de estos congresistas.Es hora, entonces, de que el Congreso como institución actúe a la altura de las circunstancias y basado en argumentos contundentes: la pervivencia del régimen de la 20530, tal como está hoy, es una carga que difícilmente podrá seguir soportando la caja fiscal. Por lo demás, la reforma prevista será gradual y solo con ella se podrá mejorar las pensiones del resto de jubilados. De lo que se trata, finalmente, es de introducir equidad en el sistema de pensiones, pero también de posibilitar la postergada reforma del Estado y hasta la viabilidad económica del país.