Conforme avanzan las tratativas de diálogo sobre la viabilidad del megaproyecto minero Conga, se hace más patente la actitud radical de algunos dirigentes regionales que, de modo absurdo y desafiante, hacen todo lo posible por boicotear el diálogo al que se comprometieron hace pocas semanas. En este complejo contexto, corresponde al Gobierno redoblar esfuerzos para compatibilizar la inversión minera con la responsabilidad ambiental y comunitaria en un clima de paz social que prevenga y mitigue conflictos. Ahora que recién se están poniendo y revisando las bases de la política del agua y oro, el país no puede ser jaqueado por unos cuantos irresponsables que quieren imponer sus agendas intransigentes. Un caso que ya raya en lo patético es el del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, cuyas marchas y contramarchas deben ser consideradas por los ciudadanos de su jurisdicción al momento de evaluar su controversial gestión. Su más reciente ordenanza, que declara inviable la ejecución del proyecto minero, porque “podría ocasionar daños irreversibles en los ecosistemas frágiles, generando perjuicios económicos y sociales de magnitudes incalculables”, resulta totalmente inaceptable. ¿Cómo es posible que, por sí y ante sí, una autoridad regional pretenda sobrepasar tan irresponsablemente los límites de su ámbito de funciones y atribuciones? En un Estado unitario como el nuestro y según la Carta Magna vigente, y como lo ha ratificado el Tribunal Constitucional, ningún gobierno regional puede pronunciarse sobre temas de interés nacional o de minería. A mayor abundamiento, en los últimos años, el TC declaró la inconstitucionalidad de ordenanzas regionales en Huánuco, Puno y Cusco que arbitrariamente disponían el cultivo libre de la coca o prohibían la actividad minera; y tendría que actuar de modo consecuente para desestimar, de monto claro y tajante, la ordenanza de Santos. Otro tipo de manejo, más fino en lo político, se necesita para continuar convocando a las autoridades cajamarquinas legítimas y representativas que asuman su responsabilidad y crean en el diálogo. La reunión del miércoles pasado, en la que se empezó a encaminar las condiciones del peritaje internacional, es un buen paso, pero evidentemente queda mucho trecho por recorrer. Paralelamente, debe trabajarse en abrir la convocatoria a representantes gremiales y de la sociedad civil, pero diferenciándolos de los dirigentes de seudofrentes que pretenden arrogarse, de modo excluyente y recusable, la representación de toda la región. Más aun, algunos anuncian otro paro indefinido, ante lo cual el Ejecutivo tiene la obligación de considerar todas las opciones legales y democráticas para garantizar el principio de autoridad, el orden y la tranquilidad, y evitar desmanes violentistas como los que se produjeron en el paro previo. El país demanda que se superen los entrampamientos y que se siga apostando por el diálogo con los interlocutores legítimos, sin caer en las provocaciones de algunos grupos cuya agenda sombría y ajena, que pretende el inmovilismo y la confrontación, queda cada vez más en evidencia.