La controvertida ordenanza regional que declaró inviable el proyecto Conga, aprobada el miércoles por el Gobierno Regional de Cajamarca que encabeza Gregorio Santos, podría derivar en una denuncia penal contra sus autores. El ex decano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez explicó que Santos y los funcionarios regionales habrían violado el artículo 361 del Código Penal, el cual señala que quien ejerce funciones correspondientes a un cargo diferente al que tiene incurre en delito de usurpación de funciones. El abogado indicó que Santos no tiene competencias para dar normas de alcance nacional. Añadió que los recursos naturales son propiedad del Estado; por lo tanto, la autoridad regional se habría adjudicado competencias que no le corresponden. Anoche, a través de un comunicado, el vicepresidente legal de Newmont Sudamérica, Javier Velarde dijo que Yanacocha decidió "iniciar acciones legales para cuestionar la validez legal de la ordenanza".