El perfil antidemocrático del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, traducido en el secuestro de toda una población mediante sus operadores políticos autodenominados frentes de defensa, bajo la batuta de un terrorista convicto y confeso, cuyos integrantes amenazan, apedrean y azotan a quienes no acaten sus ordenanzas, resulta a todas luces un argumento de peso para su revocatoria. Si el Estado peruano funcionara, hace rato la justicia hubiera puesto tras las rejas a Gregorio Santos y a cada uno de los que se apropian la representatividad de todo un pueblo, para oponerse a su desarrollo económico y buscar que la pobreza siga reinando a lo largo y ancho del departamento, y así mantener el caldo de cultivo donde se reproduce su ideología extremista. La democracia tiene las suficientes armas legales para defenderse, pero para ello se requiere un liderazgo político donde los poderes del Estado y los representantes electos deben esforzarse en articular esfuerzos por mantener y crear espacios donde la población, debidamente informada, exprese sus propuestas de desarrollo a proyectos tipo Conga. El jaque mate que quiere imponer Santos a la democracia y al desarrollo económico de más de 28 millones de peruanos constituye una campanada de alerta al Presidente de la República y a su Poder Ejecutivo, al Congreso de la República y al Poder Judicial. Si los tres poderes del Estado no responden adecuadamente a esta naciente dictadura autonómica, el Perú corre el riesgo de regresar al caos y el desgobierno.