Un caso anecdótico es en el que está involucrada la viceministra de Minas, Susana Vilca. Y es que en diciembre del 2010, como congresista, presentó una acción popular para anular el Decreto Supremo Nº 050-2005, en contra del gas de Camisea, a la cual la Cuarta Sala Civil le dio la razón. Sin embargo hoy el gobierno, del que forma parte, ha apelado este fallo, dejando a Vilca en una encrucijada, pues ha tenido que retirar su firma de la acción que presentó hace un año, pues ahora va contra los intereses del Estado. Por ello la acción presentada por Vilca tendría que esperar, pues la Procuraduría especializada en Materia Constitucional apeló la decisión para que se deje sin efecto la anulación del contrato de licencia de explotación del gas de Camisea. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que desde ayer el caso está en manos de la relatoría del tribunal civil, presidido por Andrés Carbajal Portocarrero e integrada por los magistrados Rafael Jaeger Requejo y Carlos Arias Lazarte. Cabe señalar que a pesar de la decisión tomada por la sala Carbajal Portocarrero, aún la Procuraduría especializada en Materia Constitu-cional, dirigida por Luis Alberto Huerta Guerrero, todavía mantiene un as bajo la manga para este caso, el cual se trataría de la presentación de una medida cautelar, que de ser aprobada dejaría la decisión de la Cuarta Sala Civil en una acción de suspensión.