La aprobación del código de consumo fue calificada como un hito en la relación empresa-consumidor, pero lamentablemente las grandes expectativas que despertó no han sido satisfechas. Es momento, entonces, de preguntarse qué pasó y ver qué hacer para no perder de vista el objetivo. Por ejemplo, de acuerdo con algunos analistas y decenas de empresas y clientes afectados, el llamado libro de reclamaciones ha sido una medida “tan populista como falsa”. No solo por su imprecisa implementación sino también porque no se previeron medidas para evitar adulteraciones ni el trato especial que merecen casos complejos. Ello no quiere decir que sea intrínsecamente malo, sino que debe revisarse y corregir sus vacíos, excesos o imperfecciones. Ello, considerando que generan nuevos sobrecostos a las empresas, sobre todo en asesorías legales, y determinan que muchos casos rebasen el ámbito administrativo y sean apelados ante el Poder Judicial, lo que desvirtúa el código. Otro aspecto que merece evaluación crítica y exhaustiva es el papel del Indecopi, que tiene que recibir una mayor asignación presupuestal para cumplir a cabalidad las antiguas funciones y las nuevas que, con un enfoque proactivo, le asigna el código. Entre las que no debe descuidar están la prevención y la educación, de modo que las empresas y los consumidores tengan una idea clara y precisa de sus deberes y derechos y de cómo, cuándo y ante quién ejercerlos responsablemente. Adicionalmente, en el polémico tema de los alimentos genéticamente modificados, está pendiente aún la reglamentación del obligatorio etiquetado, así como las eventuales sanciones a los transgresores. Siendo un punto tan importante para la salud de los consumidores, no debe dilatarse más la implementación y actualización de la respectiva norma legal. En suma, un tema tan trascendental como este, de afirmación de una cultura del consumidor dentro de un sistema de economía social de mercado, debe merecer atención prioritaria y no resiste más parches ni improvisaciones, como se pretendió hacer en el pasado reciente. Queda, entonces, clara la urgencia y necesidad de revisar el código con un enfoque integral, coherente y multidisciplinario, lo que corresponde al Gobierno Central con la participación de las entidades involucradas en el asunto.