En el 2011 una fórmula parecía repetirse en varias zonas del país: los pobladores muestran su disconformidad con algo -generalmente una concesión minera- bloquean carreteras, toman locales públicos o convocan a marchas multitudinarias. El Gobierno busca el diálogo, los dirigentes no aceptan y se radicalizan. Al final, luego de enfrentamientos con la policía (en los que muchas veces hubo pérdida de vidas), el Ejecutivo -o la empresa privada- retrocede en sus intenciones. En febrero, el gobierno de Alan García decidió eliminar las dragas que operaban en los ríos de Madre de Dios. En una operación a cargo de las Fuerzas Armadas se destruyeron 19 de estas máquinas que contaminan los ríos. Los mineros informales tomaron la ciudad de Puerto Maldonado y bloquearon la carretera Interoceánica. Luego de varios días de enfrentamientos, murieron dos mineros informales. El Ejecutivo ordenó la paralización de la operación militar. A pocos días de la primera vuelta electoral, en abril, tres personas perecen durante las protestas en Islay (Arequipa) en contra del proyecto minero Tía María. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) había hecho 138 observaciones al estudio de impacto ambiental de Tía María. El rechazo a la concesión otorgada a Southern para extraer cobre, obliga al gobierno a detener una inversión de US$950 millones.