El diálogo peligra nuevamente, debido a injustificables contramarchas de algunas autoridades de Cajamarca. Ayer, el presidente del gobierno regional, Gregorio Santos, informó a la Presidencia del Consejo de Ministros que no asistiría a la reunión programada para hoy, decisión cuyas consecuencias deberá asumir. Aduce Santos que el Gobierno Central se ha preocupado más por los temas de fondo que de forma, y por excluir "interlocutores sociales", posiblemente haciendo alusión al ex emerretista Wilfredo Saavedra, en lo que parece ser una competencia por ver quién es más radical. Más aun, recordemos que hace unas semanas Santos se negó a cumplir su compromiso de firmar el acta con las fechas de las reuniones -¿esos son los temas de forma?- y que ya se ha confirmado la débil legitimidad de Saavedra, quien no ha sido elegido como autoridad sino que encabeza un frente de notoria tendencia confrontacional que manipula a algunos grupos vecinales y pretende imponer condiciones a todo un Estado y ‘desautorizar’ al mismo jefe del Gabinete. Afortunadamente, todavía hay resquicios de sensatez. Ayer se confirmó que, por acuerdo de concejo, el alcalde de Cajamarca Ramiro Bardales Vigo, asistirá a la reunión convocada por la PCM que, entre otras cosas, apunta a dialogar, para empezar, sobre las opciones para el peritaje internacional del proyecto Conga. Ante tal coyuntura, debemos subrayar la urgencia y necesidad del diálogo e invocar a las legítimas autoridades cajamarquinas, incluidos los alcaldes distritales, que asuman su responsabilidad de debatir y tomar las decisiones que el pueblo les ha delegado, sin dejarse chantajear por agendas ajenas, ideologizadas o politiqueras. Ello pasa por entender que el debate sobre la viabilidad del megaproyecto minero Conga exige no solo un marco claro de reglas básicas, sino también interlocutores válidos y legítimos (y no caudillos advenedizos) y, sobre todo, actitud de exponer puntos de vista, de escuchar y entender al otro, y de ceder en algunos puntos para llegar a acuerdos. Gobierno, empresarios y representantes regionales y locales tienen que asumir, por el bien del país, que aquí no caben actitudes personalistas, maximalistas ni maniqueístas, y que una de las tareas fundamentales pendientes es explicar a la mayoría ciudadana los modos de compatibilizar desarrollo minero con equilibrio ambiental y responsabilidad social.