Los peruanos solemos señalar a la delincuencia y a la falta de seguridad como los principales problemas del país, aunque lo cierto es que la corrupción es el asunto que mayores preocupaciones nos debería generar, y si no lo hace es porque a lo mejor estamos comenzando a acostumbrarnos a convivir con ella. Según la última encuesta de Datum, el 90% de la población considera que el nivel de corrupción en el país es muy alto o alto, y más del 33% señala que el Gobierno no está haciendo nada para solucionar el problema, que "asquea" al presidente, según ha dicho su esposa. Sin embargo, más allá de contundentes expresiones, lo principal es que las autoridades definan qué harán a partir del 2012, porque si pasamos de largo, sin arrancar de raíz las manzanas podridas afincadas en las instituciones estatales, es bastante probable que conduzcamos al país al desbarrancadero moral y económico. Tenemos que reaccionar con prisa, despojándonos de los zapatos de plomo que hasta ahora nos han llevado a actuar tardíamente en este terreno, especialmente en el Congreso de la República, donde el caso Chehade, solo por mencionar uno, se ha desenvuelto con una parsimonia que ha generado confusión en la opinión pública, y castigar, también, a los corruptores. Pero no solo debemos atribuir ineficiencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también a la Contraloría, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a las tantas otras entidades que la Constitución les ha encomendado la inspección del correcto uso de los bienes públicos. Claro está que para lograr su propósito, estas entidades deben estar premunidas con las herramientas para hacer más efectivo su trabajo, el que deben desarrollar oportunamente, para anticiparse a lo vedado y así sorprender al corrupto. Es claro que si el Gobierno no toma en serio el problema, la población seguirá asumiendo que la corrupción es parte del sistema y los corruptos seguirán actuando porque estarán seguros de que en nuestro país la justicia pocas veces llega.
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