Si nos basamos en las encuestas de opinión, la discriminación no es un problema que preocupa a los peruanos. La corrupción y la inseguridad ciudadana, entre otros temas que también son estructurales, ocupan el "top of mind" de las tribulaciones cotidianas. Y cuando nos referimos al término de moda: "inclusión", lo hacemos pensando en la extensión de los beneficios del crecimiento económico a las poblaciones en situación de pobreza. Pero la inclusión tendría que abarcar más que los aspectos monetarios o de acceso a servicios básicos, pues como hemos notado estas semanas, muchos peruanos todavía asumen que las diferencias sociales o étnicas configuran una categorización que hace a unos mejores que otros. Todavía encontramos difícil admitir que no basta con ser tolerante, pues solo cuando aprendamos a ser respetuosos, a no ver con desprecio y maltratar a quienes no consideramos parte de nuestro grupo, es que podremos comenzar a llamarnos un país inclusivo. Un turista cusqueño fue maltratado en un "exclusivo" cine miraflorino, una joven con síndrome de Down no puede contratar un seguro de salud, un niño golfista no podía competir porque no pertenecía a ningún club. Estos casos han mostrado que a veces la discriminación escapa de sus subterráneas manifestaciones y que cuando eso ocurre, genera indignación; aunque solo sabremos si esta es mayoritaria cuando las encuestadoras incluyan el tema en sus sondeos. Es usual que las entidades involucradas respondan a las acusaciones con evasivas y que muestren una clamorosa incapacidad para ofrecer disculpas. Argumentos como "es tímido porque es provinciano", reflejan esa mentalidad decimonónica que coloca al poblador andino o amazónico como ciudadano de segunda categoría; o que un niño de la sierra debe trabajar ayudando a sus padres, mientras uno de la costa solo debe alimentarse bien y divertirse, como a menudo la publicidad se encarga de comunicar. Afortunadamente, las autoridades han reaccionado con tino y sin demora. Pero todavía hace falta que surjan liderazgos, tanto en el Estado como en el sector privado, que estén dispuestos a crear conciencia de que la lucha contra la discriminación es un paso previo y obligatorio para la inclusión.
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