La adecuada aplicación de la Ley de Consulta Previa promoverá la llegada de inversiones sanas, responsables y que no afecten el medioambiente, sostuvo una representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Carmen Benítez, especialista regional en educación obrera de la OIT, recordó, en ese sentido, que el objetivo de esa norma es establecer un mecanismo de diálogo social para que las inversiones se realicen de la mejor manera, y no una opción de veto. "El Convenio 169 -en el que se basa la consulta previa- no impone el veto, sino que enarbola el diálogo de buena fe, en el que se tiene que ser transparente y dar resultados vinculados a la justicia social y con el respeto de los pueblos indígenas", dijo a la agencia Andina.