La reciente postergación del proyecto Conga en el departamento de Cajamarca no parece ser un caso aislado, pues viene antecedido por casos similares, como los de Cerro Quilish, también en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa, entre otros.En todos estos casos, el agua ha sido el protagonista central del conflicto. Sin embargo, si analizamos técnicamente cada caso, quedaremos convencidos de que el resultado sobre la disponibilidad y calidad del agua en la zona del proyecto será altamente positivo. Cuando un proyecto como Conga es paralizado luego de iniciada la fase de construcción, el perjuicio económico para el inversionista, los proveedores, el Gobierno y -sobre todo- para los pobladores es muy alto.El inversionista ve reducida inmediatamente la tasa interna de retorno solo por la extensión de plazo de la inversión.Todo el dinero gastado a la fecha se pone en peligro, monto que puede llegar a ser superior al 20% de la inversión total. En el caso de un proyecto minero, se trata de los egresos para adquirir los derechos mineros, para los trabajos de exploración y confirmación de reservas y para las laboresde ingeniería necesarios para iniciar la construcción. Los proveedores de maquinaria y construcción ven afectados sus ingresos de corto plazo y aquellos ya contratados enfrentan pérdidas inmediatas si se aplican cláusulas de cancelación por fuerza mayor, donde cada parte asume sus costos correspondientes.En los casos de contratos para mover tierra, solo el costo para transportar 500 equipos pesados es muy significativo.Las pérdidas para el gobierno son bastante evidentes. La postergación de un proyecto como Conga, con una inversión calculada en casi US$ 5,000 millones, significa una reducción inmediata de la actividad económica en la zona y, por lo tanto, de la recaudación de impuestos locales. Los futuros ingresos por recaudación del Impuesto a la Renta y canon también quedan postergados, generándose incertidumbre sobre la sostenibilidad futura de las finanzas públicas y de la capacidad para mantener los programas sociales de reducción de la pobreza.La más afectada, como siempre ocurre, es la población, sobre todo aquella que vive en poblados ubicados a 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde la minería es una fuente segura de empleo y de generación de riqueza.La decisión de suspender el proyecto Conga ha llevado a que se tenga que despedir a 700 personas contratadas para que participen en la construcción del campamento minero y de otras 1,600 personas para realizar los servicios de movimiento de tierras y gerencia del proyecto.En este momento de crisis, cuando está en juego el estado de derecho y el imperio de la ley, más que buscar culpables en cada lado de la mesa, debemos hacer un llamado a la unidad nacional. Los constructores del Perú estamos convencidos de la sostenibilidad ambiental de los proyectos mineros responsables. Apoyamos, además, al Gobierno del presidente Ollanta Humala en su valiente compromiso con el proyecto minero Conga, y con la inversión formal que consideramos indispensable para lograr el triunfo definitivo sobre el subdesarrollo y la pobreza, afirmó Walter Piazza de la Jara,Presidente de Capeco.
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