Por fin aparece una señal efectiva de principio de autoridad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha decidido, finalmente, demostrar su responsabilidad en el hasta ahora caótico --y letal-- mundo del transporte interprovincial peruano.Con 11 muertos al día, nuestras carreteras son más mortíferas que la mayor parte de los desastres que vivimos en el Perú. Por otro lado, con factores como los constantes bloqueos de carreteras, o los numerosos terminales informales, el sector se había vuelto una especie de jungla viviendo prepotente y frescamente al margen del sistema jurídico nacional.Era imperativo que los choferes recibieran instrucción para poder ejercer con seguridad y eficiencia su oficio, y esencial que se castigue con severidad los bloqueos de carreteras y demás ilegalidades costosas para el país. Asimismo, las facultades dadas a la policía sobre nuestras carreteras pueden hacer mucho para impedir que buena parte de estas sigan inspirando a sus usuarios un sentimiento semejante al de las arriesgadas caravanas del salvaje oeste.Saludamos, pues, el contenido de esta reforma legal, pero no sin recordar que de nada sirven nuevas y buenas leyes, si es que no cuentan después con medios materiales (verbigracia, la infraestructura que se necesitará para asegurar las carreteras) o con la firme decisión de la autoridad de hacer valer sus fueros. Demasiadas buenas leyes hemos visto ya quedar en letra muerta.