Emma Gómez. Subdirectora de la ONG CooperAcción, afirma que hay que diversificar la economía en donde la minería sea inviable y ser más rigurosos con los temas socioambientales.¿Qué refleja el Observatorio de Conflictos Mineros del segundo semestre?Han vuelto a la cartera proyectos mineros altamente cuestionados, lo que refleja que no hay una voluntad de este nuevo gobierno para evaluar qué tipo de minería quiere desarrollar.¿Conga es el caso emblemático?Sí. A Yanacocha le va mal en Conga porque tiene pésimos estándares sociales y ambientales, y una pésima relación con las comunidades. Y no es un cuestionamiento antiminero, porque hay otras zonas en el país, como en el Cusco, donde funciona bien la minería. En cambio, Conga afectaría el acceso al agua en general, tanto para el consumo humano como para la actividad agropecuaria.¿Cuáles son los otros proyectos?Es el caso de Tía María, en Arequipa, en el que tuvo que intervenir las Naciones Unidas para finalmente darle la razón a la población. También está el proyecto Río Blanco en Piura, que afectaría ecosistemas frágiles y el acceso al agua, y que está cuestionado por denuncias de secuestro, terrorismo, etc.Doe Run también está pendiente.Es una empresa que viene contaminando sistemáticamente en La Oroya, colocándola como una de las diez regiones más contaminadas del mundo. Indecopi tiene que definir si la empresa se liquida o se reestructura, pero acaba de reconocer una deuda a favor, lo que significa que tendrá control de la junta de acreedores y reestructuraría la empresa. Y, por otro lado, se ha atrevido a denunciar al Estado ante el CIADI, amparado en el TLC con los Estados Unidos.Los proyectos son heredados...Sí, pero si los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son cuestionados no es camisa de fuerza decir que tengo que respetarlos sí o sí. Se puede pedir una revaluación técnica de los EIA, mientras se suspenden los proyectos.