La discusión en el Congreso de la Ley General del Empleo Público se postergó hasta el próximo jueves, tras una primera sesión en el pleno con apenas ocho oradores y poco interés sobre el dictamen puesto en debate.¿Se justificaba esta indiferencia? Evidentemente no, ya que esta norma tiene como objetivo la modernización del Estado y el ordenamiento del sector público. Solo Carlos Ferrero, quien impulsó la posición del Ejecutivo cuando era primer ministro, intervino para alertar sobre las consecuencias de aprobar el dictamen para el caso de la definición de las remuneraciones mediante negociación colectiva. Aun así, insistió en sacar adelante esta norma en lo que queda del régimen de Perú Posible.¿premiando la ineptitud?Uno de los puntos fundamentales en cuestión se refiere a la evaluación de los trabajadores. El articulado respectivo establece que las evaluaciones se desarrollarán una vez por año, para calificar el desempeño del empleado público. Al mismo tiempo, los que obtengan el menor puntaje serán objeto de observación. Para Jorge Danós, ex jefe de asesores de la PCM, se trata de un avance con respecto a la situación actual del sector público, porque de esta manera se puede obtener información para posteriores correcciones mediante capacitación. Sin embargo, una fuente del Ejecutivo indicó que el proyecto supedita la calificación y permanencia del trabajador solo a que esté capacitado, no a su aptitud o eficiencia. Y más aun, si este empleado no es apto, debe pasar por tres evaluaciones, en igual número de años, para que exista la posibilidad de removerlo. "¿Por qué se va a subsidiar durante tanto tiempo la ineficiencia?", dijo.