Frente a lo que venía sucediendo en Cajamarca, juzgamos justificado que el Gobierno haya dictado medidas de excepción. Incluso, creemos que el presidente de la República ha demorado para asumir una posición más firme ante quienes están empecinados en usar la politiquería y desplegar el caos para oponerse a que el diálogo, la negociación, la investigación científica y la aplicación de la ley sean las herramientas que se utilicen si es necesario impedir la ejecución de proyectos extractivos que podrían alterar el medio ambiente y la salud humana.Estamos seguros de que si no se hubiese aprobado el estado de emergencia en cuatro provincias cajamarquinas, los dirigentes-insólitamente encabezados por el presidente del gobierno regional- habrían extremado la protesta hasta lograr que se rechace el acuerdo que se planteaba firmar.Ahora, lo importante es mantener la firmeza en la aplicación de la medida, pues las dubitaciones llevarán a que pierda efectividad si hubiera necesidad de aplicarla en otros conflictos sociales, que deseamos que no se repitan en ningún otro punto del país.Paralelamente, el Gobierno debe abrir todos los canales que posibiliten reanudar el diálogo que conduzca a hacer viables y aceptados los planes de exploración y explotación de las empresas mineras, y evitar la militarización de las ciudades, pues el control del orden debe seguir siendo potestad de la Policía Nacional.Sin embargo, si bien consideramos oportuno y justificado el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, creemos que no es suficiente, porque como ya lo hemos dicho en otras columnas editoriales, el Gobierno requiere de una clara estrategia para contestar a los conflictos sociales y también debe emprender una renovación parcial del Gabinete ministerial, con el fin de devolverle la unidad perdida.La exacta combinación de estos factores (firmeza en la aplicación de la ley, diálogo y unidad en el Gobierno) podría generar el estado de confianza que está comenzando a hacer falta en el país.