Es importante que el presidente Ollanta Humala haya declarado el estado de emergencia en Cajamarca. Era una medida anunciada ante la intransigencia de unos dirigentes locales y regionales que, luego de exigir la presencia del Gobierno en la zona, no fueron capaces de firmar un acuerdo que permita levantar las medidas de fuerza que venían alentando en la población. El Gobierno ha dado señales claras de autoridad y voluntad de diálogo. Aunque no era lo deseable, el traslado de miembros de la Policía Nacional y del Ejército a Cajamarca permitirá que la marcha de la región se normalice, en beneficio del conjunto de pobladores que se oponen a las protestas y que prácticamente se encontraban prisioneros en su propia tierra.Queda claro que el estado de emergencia es una medida excepcional provocada por quienes no cedieron, como sí lo hizo el Gobierno, cuando la minera Yanacocha suspendió el proyecto Conga.Como dijo el domingo el presidente Humala: "No se han logrado alcanzar acuerdos mínimos que permitan restablecer los servicios públicos a los que tiene derecho Cajamarca". Al respecto, bien vale preguntarse por qué no se ha llegado a acuerdos mínimos.De un lado, existen algunos grupúsculos con una agenda ideologizada y violentista, que se han sobrepuesto a los intereses de la región y que a partir del extendido rechazo a la minería han construido una plataforma política. Llama la atención que más allá de oponerse sin más, y rechazar todo proyecto minero, estos grupos no proponen nada a cambio. Más bien una de las razones por las cuales no se ha suscrito un acuerdo hasta el momento es porque las autoridades regionales no aceptan ninguna opción, como es la propuesta del Gobierno de realizar otro estudio de impacto ambiental para el proyecto Conga, independiente y consensuado por las partes. Por ejemplo, en Andahuaylas, los dirigentes acordaron suspender los nuevos proyectos mineros, pero hasta que se realicen estudios profundos sobre las cuencas hidrográficas. De otro lado, está precisamente el desconocimiento de la población respecto a lo que puede traer de provecho el uso responsable de los recursos naturales.La minería per se no debería ser el monstruo que se pinta. Sin duda ha habido malas prácticas, como las que se han perpetrado en La Oroya, o estudios de impacto ambiental cuestionables, como ha resultado ser el de Conga. Pero es importante explicar a la población los verdaderos alcances de la extracción de minerales y las desventajas de dejar pasar proyectos socialmente responsables en desmedro de su desarrollo. De ese desconocimiento, precisamente, se valen ciertos personajes para llevar agua para su molino o para armar plataformas que luego son desbordadas y amenazan con estallarles en las manos. Es el caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, que, como ha informado nuestro Diario ayer, no planificó los alcances del conflicto.Es importante que el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, haya garantizado que el Gobierno seguirá a la espera del diálogo con los cajamarquinos. Convendría que la otra parte, los líderes que dicen representar a toda la región, no solo acuda a la mesa de diálogo, sino que llegue a consensos mínimos. El consenso total respecto a Conga parece difícil de alcanzar. Tal vez la clave de un acuerdo radique en que las partes cedan algo, que evidentemente no vaya en desmedro de su bienestar, la conservación del medio ambiente y su desarrollo. Sería necesario analizar cuán positivas han sido las protestas, cuánto ganaron y perdieron las poblaciones involucradas.