El último Índice de Corrupción de Transparencia Internacional ha caído como un balde de agua fría, sobre todo al Gobierno, y podemos decirlo así de claro porque hay un clima de amplia libertad de prensa y de intensa denuncia y fiscalización.No es fácil aceptar que el Perú haya salido prácticamente desaprobado, con una percepción negativa de corrupción. Sin embargo, tan preocupantes índices deberían acarrear más reacciones que lamentos. Hablamos del Gobierno y de su responsabilidad en la formulación y aplicación de una política anticorrupción, hoy más bien deslucida; en la erradicación de escándalos, grandes o pequeños, que comprometen el manejo de los recursos públicos; y en la postergada reforma del Estado, para hacerlo más eficiente y transparente, menos burocrático y sospechoso, y, por supuesto, blindado contra la corrupción.En esta época preelectoral los partidos también tienen tareas pendientes: montar campañas limpias y cumplir normas que regulan el financiamiento de actividades electorales. No quisiéramos verlos pagando en el poder viejas facturas. Finalmente, es evidente que sectores de la mafia fujimontesinista siguen haciendo de las suyas. Ahora mismo han tratado de equiparar la actual corrupción con la que se perpetró la década pasada, desconociendo que aquella fue una corrupción sistemática, con medios de comunicación comprados y sometidos, enraizada a tal punto en el aparato estatal que aún sigue actuando.