Hace pocos días el presidente Ollanta Humala dejó en claro que no encabeza un gobierno antiminero, sino uno en el "que la minería sirva a toda la población". Una posición sensata e indispensable para contar con los fondos necesarios que permitan cumplir la meta de crecimiento con inclusión social, objetivo principal del actual régimen. Asimismo, Humala anunció una serie de medidas que contribuirán a que esta importante actividad económica sea sostenible, ambiental y socialmente, y no un latente factor de potenciales conflictos, como el que se vive actualmente en Cajamarca. Una de las propuestas que no debe demorar es la concerniente al tema de los estudios de impacto ambiental (EIA) y a su aprobación a través de un ente gubernamental independiente. En la actualidad, los EIA, lejos de disipar las dudas sobre los proyectos, paradójicamente, terminan por echarles sombras y crear desconfianza -infundada o no-, porque es la propia empresa interesada quien los encarga y paga por ellos. Y no solo esto, para su aprobación la opinión del Ministerio del Ambiente no es vinculante y sí la del ministerio del sector correspondiente. Al final los sectores interesados -estatal y privado- terminan de jueces y parte. Urge, pues, un ente independiente para analizar y resolver estos importantes estudios.Ayer, gracias a un informe del periodista Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, se conocieron las observaciones del ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, al EIA del proyecto minero Conga -de Yanacocha- que contradicen los informes del Ministerio de Energía y Minas. Ayer también la empresa circuló un comunicado que no responde a los cuestionamientos de fondo, mientras que el Ministerio de Energía y Minas ha mantenido silencio. Urge que el jefe del Estado acelere el ente independiente para el tema del EIA que, como lo ha dicho, actuará con el complemento de un fondo de garantía a largo plazo contra eventuales deterioros ambientales. Lo crucial aquí es, entonces, asegurar la plena autonomía y credibilidad de la nueva entidad que asumirá esa función. Será, por ello, necesario definir el marco normativo, su presupuesto, alcances y limitaciones, y sobre todo el perfil técnico e independiente de sus funcionarios. El ámbito del manejo ambiental en el Perú, lamentablemente, arrastra pesados lastres, que incluso restan credibilidad a las consultoras ambientales y a la propia gestión ambiental estatal, sea porque han sido laxos en el pasado o no se ha respondido adecuadamente a los criterios técnicos. No faltan quienes les achacan parcialidad con las empresas que los contratan. El discurso antiminero aparece repetidamente con estos argumentos, por lo que el Gobierno tiene que responder de forma contundente para hacer viable la explotación minera responsable en el país. No es posible, por ejemplo, como lo manifiestan voceros de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que cuando se trata de desviar el cauce de un río o de drenar las aguas de una laguna hacia un reservorio se les consulta, -pero la mayoría de las veces no se hace y siempre lo termina resolviendo el Minem- (Ministerio de Energía y Minas). Conga es un megaproyecto minero importante y necesario para el país. Su punto más complejo es que implica trasladar lagunas, ubicadas en las cabeceras de cuenca. No estaría de más buscar alternativas o reducir el número de lagunas por ser impactadas. Más allá de estos aspectos ambientales, perfectibles, no puede permitirse que la estabilidad y la paz social sean jaqueadas por grupúsculos radicales, que se aprovechan de las falencias y debilidades del Estado en este ámbito para soliviantar a la población y generar desconfianza en ella. Compete al presidente Humala, frente a los gritos de ¡Conga no va!, explicar que sí va, con los cuidados, prevenciones y ajustes respectivos para que se minimicen los impactos del recurso hídrico y se lleve bienestar y tranquilidad a la población.(Edición domingo).