Las protestas en Cajamarca contra el megaproyecto minero Conga han sacado a luz, una vez más, lo obsoleto del esquema bajo el cual se realizan las evaluaciones y estudios de impacto ambiental en nuestro país. Lo que en otros puntos del planeta es un instrumento innovador para garantizar las medidas a adoptarse para minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas de los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, y con ello generar confianza, aquí se ha convertido en un elemento que abona a la conflictividad social. El problema de fondo es que son las propias empresas interesadas las que pagan por esos estudios. Es lógico que la población desconfíe, porque el asunto da para malpensar que puede tratarse de un traje hecho a la medida del cliente. Ese es el círculo vicioso que debe romperse. El ministro del Ambiente, ingeniero Ricardo Giesecke, ha afirmado ayer que "Conga va, pero no como sea". Para el ministro, se trata de un proyecto viable que debe ser mejorado. Giesecke ha planteado también la necesidad de establecer "un sistema de monitoreo permanente de las cosas, y eso se podrá acordar cuando las partes se sienten a conversar".