En el marco de la sustentación de su pliego presupuestal para 2012, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, fue generoso en el enunciado de cifras y proyectos, pero escueto al referirse a los derechos humanos. Sobre el tema, solo dijo que el Estado cumplirá con las sentencias de reparación a las víctimas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que “impulsará” soluciones amistosas para reducir el alto número de casos en contra del Perú. Lo que se sabe ahora, empero, es que el presupuesto del próximo año para Justicia contempla el pago de más de US$12 millones a favor de delincuentes terroristas: 10 mil dólares para el chileno emerretista Jaime Francisco Castillo Petruzzi y 12 millones 153 mil 500 dólares para los deudos de los subversivos fallecidos durante el motín en el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992. También está programado el pago de US$3’890,000 para los trabajadores cesados del Parlamento en 1992; de US$380,000 para 76 magistrados no ratificados y de US$380,000 para los deudos de Saúl Cantoral y de García Santa Cruz, entre otros.