El escándalo político que vivimos en estos días, producto de los famosos audios difundidos por la televisión, no debe hacernos perder la perspectiva ni la ecuanimidad. No podemos convertir este caso en una novela por entregas, pero tampoco ignorar los graves delitos que se habrían cometido, que van desde la interceptación telefónica hasta la legitimidad ministerial y el eventual tráfico de influencias.Lo que el país espera es una investigación imparcial, eficiente y productiva que, en principio, aclare dos denuncias importantes: primero, si hubo irregularidades en el nombramiento y juramentación de Fernando Olivera como canciller; y, en segundo lugar, los alcances que tendría el supuesto tráfico de influencias al que se ha vinculado al administrador judicial de Canal 5, Genaro Delgado Parker.Ahora que el Congreso de la República se ha puesto, finalmente, de acuerdo y ha decidido que la Comisión de Fiscalización asuma las investigaciones, el país espera que no se desvíen, que se actúe con imparcialidad y que no se politice aun más este caso, sobre todo en la actual coyuntura electoral.En principio, es positivo que se haya ordenado nuevos peritajes independientes y técnicos sobre los cuestionados audios, y que se indague sobre su procedencia. Es evidente también que la línea entre el interés público y el interés privado se torna un tema de la mayor preocupación y merece discusión académica y legal.En cuanto al audio sobre el caso de Canal 9 queda claro que no formó parte de la misma conversación privada que habrían sostenido Olivera y Delgado Parker. El propio César Hildebrandt ha debido ofrecer disculpas por una falta de rigor que, lamentablemente, solo aumentó la confusión y desconcierto respecto de los protagonistas, pero que no debe diluir la preocupación sobre el tema de fondo.En efecto, contra lo que se pudiera haber pensado luego de los excesos del fujimorismo, el tráfico de influencias y los 'lobbies' informales --y delictivos-- parecen haberse convertido en moneda corriente en este gobierno. Ello, a pesar de los formalismos de la ley de 'lobbies' y de los discursos altisonantes de sus voceros.Se trata de un asunto muy grave que demanda un exhaustivo debate y reflexión si queremos mantener reglas de juego claras en la dinámica económica y legal. ¿Qué hace un empresario de televisión terciando en eventuales incursiones de empresas extranjeras en las azucareras? Esto se torna aun peor si reparamos en las escandalosas manipulaciones judiciales que invaden jurisdicciones y aceptan acciones de amparo de socios minoritarios.La preocupación aumenta si este esquema se traslada al escenario de los medios de comunicación, como lo demuestra el caso de Canal 9 y eventualmente de otros. Peligra aquí la seguridad jurídica, pero también la necesaria independencia y autonomía de los medios , que algunos grupos de interés o políticos pretenden manejar de cara a las próximas elecciones valiéndose de cualquier jugarreta.El tema es sumamente complejo y requeriría incluso una legislación especial, por parte del Congreso, para cerrar las puertas a manipulaciones políticas y judiciales. La gestión de los medios de comunicación --su propiedad, pluralidad y su línea-- no pueden dejarse a la sospechosa discrecionalidad y manipulación de algunos jueces venales y 'lobbistas' de la peor calaña. Por su trascendencia política, económica y social, y por los antecedentes mencionados, cualquier controversia legal sobre estos asuntos debiera ser tratada por la máxima autoridad judicial --la Corte Suprema--, y no por los cerca de 1.800 jueces que hay en el país. Es decir, del mismo modo como se está planteando hacer para los reclamos electorales, precisamente a fin de evitar más confusión e interferencias nefastas, en este caso contra la irrestricta libertad de expresión. (Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 4] /