El Congreso de la República acaba de aprobar la creación de una comisión especial que se abocará a investigar las actividades del Gobierno anterior que se considera que fueron desarrolladas mediante acciones sospechosas de fraude y corrupción. El grupo, que supuestamente debe tener la misión de fortalecer la gobernabilidad, no nació, sin embargo, del consenso, pues el parlamentario Javier Diez Canseco se alejó de él cuando conoció que se le negaría la posibilidad de encabezarlo, mientras que su actual presidente ha deslizado que algunos de sus integrantes deberían ser evaluados mientras van desarrollando su labor de investigación. Además, bien se podría dudar que los parlamentarios del Apra vayan a apoyar este trabajo, pese a que han declarado lo contrario. Las investigaciones de esta comisión recién se conocerán en doce meses más, dos años después de haber culminado la labor del gobierno de Alan García. Ese tiempo que va a transcurrir debería hacernos reflexionar respecto al papel que deben cumplir las entidades que han recibido de la Constitución y las leyes las facultades de controlar, fiscalizar, investigar, denunciar y sancionar a los funcionarios que cometan una acción ilegal con el propósito de enriquecerse. Los ciudadanos no podemos esperar que cada vez que culmine un periodo presidencial, los funcionarios sean sometidos a investigaciones, cuando esta supervisión se debería ejercer durante el periodo en que desempeñan sus funciones. Al final, terminamos llenándonos de comisiones investigadoras que se abocan a revisar el pasado, y muchas veces sin resultados satisfactorios, mientras que el presente sigue transcurriendo sin que nadie lo verifique. Los órganos de control, desde el Congreso hasta el sistema judicial y entidades estatales como la Contraloría, deben trabajar con mayor eficacia en el presente, las organizaciones civiles deben ganar mayor espacio de denuncia y aclaración, y el Gobierno debe comprometerse seriamente a emprender una reforma del Estado que permita identificar más fácilmente a quienes han tomado como costumbre enriquecerse con el dinero de todos los peruanos.
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