La Contraloría identificó cerca de 100 casos potenciales de infracciones cometidas por funcionarios públicos. Sería el primer grupo susceptible a que se les apliquen sanciones de carácter administrativo, en el marco de su facultad sancionadora que se le concedió a la institución dirigida por Fuad Khoury. Los casos detectados se identifican como hechos irregulares graves o muy graves, por lo que los involucrados podrían ser suspendidos o incluso destituidos del cargo.