La reactivación y reestructuración del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que legalmente está bajo la administración de Doe Run Perú y a la espera de la convocatoria de una Junta de Acreedores, continúa generando controversias entre las empresas involucradas en el tema. El Consorcio Minero (Cormin), un acreedor minoritario (US$30 millones, de los cuales US$6 millones los compró a otros acreedores) ha planteado, a través de un comunicado público, la designación de una "administración técnica, imparcial y capacitada para gestionar eficazmente la Fundición", ajena a Doe Run Perú, poniendo énfasis en que dicha administración "cumplirá con el PAMA y reducirá los efectos ambientales negativos de las operaciones de los últimos años".(Edición domingo).