"Tenemos una política de concesión de derechos mineros que se superpone a las cabeceras de cuenca en el país", dice con preocupación Jorge Benites, ingeniero y director de Conservación y Planeamiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Y es que más del 60% de las fuentes de agua del país se encuentran delimitadas por los 48 mil denuncios mineros registrados.Los recientes conflictos en Cajamarca y Apurímac revelan esa desconfianza de las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos mineros respecto a la disponibilidad y calidad de agua. Dudan de los estudios de impacto ambiental (EIA), de la imparcialidad de las autoridades, del impacto económico real sobre las poblaciones, de la intensidad del daño a los ecosistemas.(Edición domingo).