Cada vez que surge un conflicto minero, los reflectores se enfocan en el canon, tanto por su forma de reparto como en la utilización de los recursos obtenidos a través de esta vía por los gobiernos regionales y locales. Ello lleva a propuestas desesperadas que pueden agravar el problema.El canon fue creado hace más de 30 años con el fin de beneficiar a aquellas zonas en donde se desarrollaban industrias extractivas. Se buscaba que estas jurisdicciones tuvieran una participación de los recursos generados para el Estado por estas actividades. Durante los últimos años, debido al aumento de los precios de las materias primas el monto repartido a los gobiernos regionales y locales ha crecido significativamente. Hoy en día el canon representa algo más del 30% del ingreso de todas las municipalidades en el Perú. Sin embargo, este promedio esconde una alta variabilidad debido a que el canon para una municipalidad rural (75% de los distritos del Perú) representa más del 50% de sus ingresos, mientras que para una municipalidad urbana solo es el 15% de sus recursos. Los recursos del canon son transitorios y, por tanto, no pueden orientarse a gastos permanentes. La idea es que cuando la actividad extractiva desaparezca se hayan desarrollado obras de infraestructura productiva y social que permitan generar oportunidades más allá de las actividades extractivas. El problema surge porque el ritmo de ejecución de los gastos no es el adecuado y la población no percibe los beneficios de la actividad minera. La pregunta entonces es qué hacer con el canon. Aquí algunas sugerencias:1. Dar mayor coherencia al sistema de transferencias peruano, buscando compensar a aquellas zonas que no reciben canon a través de los demás recursos con que se cuenta, como es el caso del Foncomún. Ello con el fin de reducir las desigualdades que se han acrecentado en los últimos años.2. Mejorar la ejecución de los gobiernos regionales y locales. En esto juega un rol especial el capital humano del Estado. La ausencia de un servicio civil genera que no existan reglas e incentivos que permitan mantener al personal calificado en los gobiernos regionales y locales. Ello lleva a que cada nueva administración cambie a funcionarios claves y cada cuatro años tenemos que empezar un nuevo proceso de capacitación en donde se invierten grandes cantidades de recursos. Esto es una reforma de largo plazo.3. En el corto plazo se puede trabajar en dos direcciones: soporte técnico por parte de funcionarios experimentados que brinden asistencia técnica. El objetivo del MEF de descentralizar sus funciones puede aportar en este sentido. La segunda alternativa es que temporalmente el Gobierno central o entidades que han demostrado tener mayor capacidad de ejecución del gasto se encarguen de desarrollar las obras de infraestructura mientras se desarrollan las capacidades locales. Esto se puede materializar a través de convenios entre las municipalidades y estas entidades bajo altos estándares de transparencia.Estas son algunas ideas que se pueden explorar para evitar caer en la tentación de permitir el incremento del gasto corriente, con tal de elevar la ejecución a como dé lugar o de repartir el dinero entre la población de manera directa, lo cual sería muy peligroso porque se percibiría como un derecho adquirido que podría generar peores conflictos en el futuro, cuando los recursos del canon disminuyan, afirma Carlos Casas Tragodara,Profesor - U. Pacífico.
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