El gobierno destruyó las dragas que la minería informal utilizaba para la extracción de oro en Madre de Dios, pero el impacto de la noticia se vio opacado por las protestas en el interior del país, las que paradójicamente están centradas en el riesgo de daño al medio ambiente que la explotación de minerales puede ocasionar. Aparte de la lenta reacción del Ejecutivo para dialogar con los manifestantes (un defecto que se arrastra desde siempre), llama la atención el escaso involucramiento de otras autoridades del Estado como los gobiernos regionales y el Congreso.Los presidentes regionales suelen dejar de lado su supuesta autonomía y exigirle al Gobierno nacional que actúe cuando las papas queman, en tanto que los congresistas prefieren desentenderse de su obligación como representantes de los departamentos donde ocurren las protestas. Para que las aguas se calmen, hubo que esperar a que el presidente Ollanta Humala comunicase que su gobierno defenderá tanto la inversión como los derechos de las comunidades, rechazando cualquier posición extrema. Como resulta evidente en el caso de Madre de Dios, es la minería informal la que está contaminando en muchas zonas del país. Es curioso que este problema no forme parte del debate sobre el rol y las responsabilidades de la actividad minera y que el Estado no cuente con un plan de intervención en las operaciones que depredan, no respetan la ley, no pagan impuestos y, además, mantienen a sus trabajadores en condiciones infrahumanas. Si bien la destrucción de dragas es positiva, se trata de una medida aislada.En el combate contra la minería informal, los organismos no gubernamentales (ONG) no suelen hablar tan fuerte como cuando lo hacen contra la gran minería. Si bien la deuda ambiental que este sector tiene es inmensa, hoy las empresas formales están sujetas a un marco regulatorio que sigue el ejemplo de los que se aplican en países desarrollados.La tarea pendiente es perfeccionar la fiscalización, control y seguimiento de los estudios de impacto ambiental. En ese sentido, es importante desarrollar la propuesta presidencial de crear una autoridad que aglutine el trabajo que hoy está disperso en los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura.
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