Vemos con curiosidad el enfrentamiento entre el gobierno chileno a través de Codelco y la minera Anglo American por la propiedad de la mina de cobre La Disputada, vendida por Pinochet a la Exxon en 1978 por 90 millones de dólares, explotada durante 22 años y vendida a la minera Anglo American por 1,300 millones de dólares, de los cuales el fisco de ese país devolvió 700 millones por perdidas declaradas por Exxon. El contrato de compra incluye, hasta el 2027, una opción para Codelco de adquirir un 49% de la empresa al precio establecido en una fórmula predeterminada que hoy es de 3,960 millones de dólares.Pero Anglo American, dueña en el Perú de Quellaveco y Michiquillay (mayor depósito de cobre del mundo adquirido durante el gobierno de García por solo 403 millones de dólares), desconociendo este contrato, vendió la mitad de esa opción a Mitsubishi por 5,390 millones de dólares, informando a Codelco que puede comprar el restante 24.5% al mismo precio, incrementando el valor a 10,780 millones de dólares. Codelco logra que los tribunales chilenos determinen que la minera no puede vender el 49% de las acciones sobre las cuales Codelco tiene opción de compra.Anglo American responde que eso es una pésima señal para las inversiones extranjeras en Chile, que la inversión minera disminuirá y que llevará el caso a Tribunales Internacionales, a pesar de no estar establecido en el contrato original. Un dato adicional es que el Presidente de Codelco fue hasta hace muy poco alto ejecutivo de Anglo American y el actual Presidente de la Asociaron de Minería de Chile es el Gerente General de Anglo American. Es decir, toda una telenovela que no sabemos cómo acabará, dada la tendencia política del actual gobierno de Chile, los ingentes montos en disputa y los precedentes que acarrearán para las relaciones entre Estados y empresas mineras.El Perú debe mirar atentamente este proceso judicial que tendrá muchas lecciones para el futuro de nuestra minería. Porque no es solo si debemos tener minería en tal o cual lugar de nuestro país, lo que debiera preocuparnos, sino qué contratos firmaremos con estas empresas. ¿Estos Contratos-Ley de estabilidad tributaria y depreciación acelerada, seguirán existiendo? ¿Se determinaran las tecnologías de explotación a utilizar para proteger nuestra biodiversidad y medio ambiente? ¿Pueden seguir estas empresas vendiendo sus concesiones en el extranjero sin respetar las condiciones originales y no tributar en el país? ¿Debemos tener funcionarios públicos que pasan alegremente del Estado a las empresas mineras y viceversa?El proyecto Conga, como cualquier otro proyecto minero, debe apoyarse si cumple los requisitos de preservación del medio ambiente y cuidado de las fuentes de agua, pero debiera acordarse la tecnología de explotación a utilizar, así como las condiciones contractuales, las cuales debieran ser públicas para enterarnos de si los funcionarios de este gobierno cuidan el interés nacional. Perú y Chile, como principales países mineros, podrían acordar políticas conjuntas que les permitan mejorar su negociación con las empresas mineras, afirma Luis Thais. Finalmente, ¿cuándo la Superintendencia de Banca y Seguros empezará a cuidar el bolsillo de los peruanos en lugar de seguir protegiendo la usura en el crédito de los bancos y tiendas comerciales?