Han pasado algo más de cien días desde que Ollanta Humala asumió la Presidencia del Perú y su gobierno se ha visto sacudido por conflictos de intereses y la poca transparencia de personajes de su entorno, funcionarios y autoridades del Ejecutivo. Todo esto afecta negativamente la percepción pública de la imagen del actual régimen. El tema se ha visto reflejado en una caída de 6 puntos porcentuales en la aprobación del presidente (de 62% a 56%, en un mes).Estos problemas afectan también al Congreso, razón que explica su caída de 17 puntos en tres meses (de 41% a 24%). Recordemos que más de 10 parlamentarios enfrentan denuncias por inconductas, presuntos delitos perpetrados antes de su elección y omisiones o falsedades en las hojas de vida presentadas al JNE. El Ejecutivo ha debido enfrentar el tema del congresista y segundo vicepresidente, Omar Chehade -su presunto tráfico de influencias a favor de los Wong en el caso de la azucarera Andahuasi ya pasó a la fiscalía-, y ahora surge una denuncia contra la viceministra de Minas, Susana Vilca Achata, a quien se sindica como poseedora de concesiones mineras. Cuando asumió su cargo en agosto pasado, la viceministra no declaró a la contraloría esos derechos mineros, que están registrados en la base de datos del MEM. No puede ahora alegar descuido o ignorancia, pues la señora Vilca fue congresista por Puno durante la gestión anterior (2006-2011). El caso deberá esclarecerse, aunque tras la salida a luz de la denuncia asegura que "la única concesión vigente" registrada a su nombre está en proceso de transferencia. Previamente, el ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, fue cuestionado. Se lo vinculó con otro caso de conflicto de intereses debido a la compra de terrenos en el proyecto Olmos y por ser accionista de una empresa dedicada a la importación y venta de semillas.Hay un mínimo de principios y reglas que deben orientar la conducta humana, política y gubernamental. Las autoridades, más que nadie, deben ser ejemplo de transparencia para la ciudadanía y no perturbar la convivencia civilizada, menos aun echar sombras sobre la idoneidad de quienes rodean a un presidente.No se puede ser juez y parte en una controversia. Y los personajes envueltos en estos temas deben aclarar cualquier cuestionamiento a su conducta. Una autoridad o funcionario público es elegido o nombrado para administrar la buena marcha del Estado en búsqueda del interés común y no del particular. Desde la perspectiva política coyuntural, transgresiones que colocan a personajes del gobierno en incómodas posturas de conflicto de intereses son dañinas. Restan autoridad moral y legitimidad a un gobierno que se ha trazado objetivos ambiciosos de restauración política, económica y moral, y que abandera la lucha anticorrupción, que corroe históricamente el aparato estatal. En los últimos días, el presidente Humala ha dado muestras claras de firmeza y coherencia al reafirmar las líneas maestras de su gobierno, de acuerdo con la hoja de ruta. Ahora tiene que lidiar con esa misma actitud en su entorno más cercano. Indigna que algunos miembros del Gabinete, asesores o partidarios que están para apoyarlo, le generen problemas y distraigan la atención de los temas trascendentes que afectan al Estado y la nación.